A la cárcel los Soldados que abatieron a los Sicarios del Cártel del Noreste (CDN) en Nuevo Laredo

Un juez federal dictó la prisión preventiva de oficio cuatro militares que presuntamente asesinaron a cinco Sicarios del Cartel del Noreste (CDN) e hirieron a otro el pasado 26 de febrero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A la cárcel los Soldados que abatieron a los Sicarios del Cártel del Noreste (CDN) en Nuevo Laredo

Los cabos de nombres Juan Carlos, Bernardo, Jorge Nicolás y Agustín Cornelio, quedaron presos en el Campo Militar Número Uno, donde estaban puestos a disposición desde marzo pasado.  La Fiscalía General de la República imputó hoy a los soldados ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa.

Por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, dentro de la causa penal 46/2023, informó el Consejo de la Judicatura Federal.  En una audiencia por videoconferencia que inició este lunes a las 10:44 horas y concluyó a las 14:21 horas, el juzgador les impuso la prisión preventiva de oficio a los imputados en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México.

Los militares ya estaban presos en esta prisión, aparentemente procesados por delitos del fuero castrense, y por ello comparecieron en la audiencia inicial de este lunes por vía remota desde la Ciudad de México.

Los militares pidieron al juzgador duplicar el plazo legal para definir les la situación jurídica, por lo que será el próximo miércoles a las 16:00 horas cuando se reanude la audiencia y se resuelva si son o no vinculados a proceso.

La madrugada del pasado 26 de febrero cinco Sicarios fueron abatidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la Colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que señala que los militares dispararon contra los Sicarios por una «sospecha».

La CNDH dijo que cuatro elementos dispararon contra el vehículo en que circulaban las víctimas, «sin que hubiera una agresión» por parte de los civiles ni una amenaza real en contra de los servidores o de terceros.  La versión contrasta con la difundida por la Sedena, en la que afirmaba que los civiles estaban armados.

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El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, también dijo que los jóvenes fueron ejecutados, sin que existieran indicios de que fueran armados ni datos de 7 un enfrentamiento.

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