La familia Aguilar y Liceo, en Reynosa, Tamaulipas, llevaban sin ver a sus hijos más de un mes después de ser secuestrados.
Por hombres armados las noches del 22 de mayo y el 24 de abril. Lo siguiente que supieron de ellos fue cuando se enteraron de que estaban acusados de secuestro, narcomenudeo, homicidio y participación en la masacre del sábado 19 de junio. Ambas familias presentaron una denuncia por desaparición forzada ante la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas en mayo y abril.
Cuando pudieron hablar con ellos, los encontraron llorando. Les contaron que los golpearon y les hicieron tocar una camioneta. Abrirla, agarrar el volante, disparar un arma. El Problema es que los Derechos Humanos de Nuevo Laredo con su titular Raymundo Ramos los esta apoyando.
En muchas ocasiones nosotros mismos y varias cuentas han aportado pruebas de que estos están coludidos con el Narco e incluso han guardado armas y vehículos utilizados por los Sicarios en las oficinas de Derechos Humanos, exactamente como en este mismo caso los narcos utilizan a los DH para acusar a los elementos Estatales o Federales.
De tortura e intimidación además de alegar que sus Sicarios siempre son inocentes, es por eso que ya no tienen credibilidad para nada, pocos medios como el Universal, La Silla Rota, Revolucion 3.0 son los que hacen propaganda a favor de muchos grupos delincuenciales como las notas que sacan apoyando a las falsas autodefensas en Michoacán.
Los familiares acusan directamente a los elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de golpear e incriminar a sus hijos. Aseguran que estaban secuestrados junto con las 18 personas que liberaron en un operativo.
El sábado 19 de junio, un comando armado atacó a civiles en Reynosa, matando a 15 personas. Días más tarde, elementos del Gopes anunciaron un operativo en el que liberaron a 18 personas y presentaron a cuatro probables responsables. A dos de ellos los acusaron además de participar en la masacre del 19 de junio.
El caso está en la Fiscalía General de la República (FGR), pero la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha hecho detenciones y las ha presentado ante la FGR.
“Que lo hicieron disparar. Que le pusieron las manos en el volante porque supuestamente él traía el carro. Que le echaron un perro que le mordió el talón. En la cara le habían puesto una bolsa”, cuenta Irene Aguilar, quien vio a su hermano Alfonso, de 27 años, mientras estaba detenido.
“Los estuvieron golpeando con las culatas de las armas los del Gopes. Los arrimaron a las camionetas, que las abrieran. Hicieron que se subiera, a la fuerza, que tomara el volante. Le pegaban por el costado. Traían todas las costillas moradas”, relata Mario Alberto, padre de Ramiro Liceo, de 20 años.
Alfonso Aguilar es señalado por secuestro, narcomenudeo y homicidio. Su familia afirma que lo forzaron a disparar un arma.
Desapariciones
La noche del 22 de mayo, Alfonso, quien trabaja como albañil y que por las tardes jugaba futbol en ligas que le pagan 200 pesos por partido, estaba en su casa.
Ahí vivía con sus padres, pareja y su hijo. A las 22:30 horas, alrededor de 15 personas encapuchadas y con armas largas entraron a la casa y se llevaron a Alfonso. Marisela, su pareja, recuerda que estuvieron cerca de un cuarto de hora buscando más cosas.
A los dos días, el 24 de mayo, acudieron al Ministerio Público a levantar una denuncia por desaparición forzada, de la que EL UNIVERSAL posee una copia. La familia también acudió al colectivo de víctimas de desaparición forzada Buscando Tus Pasos A.C., para que les ayudaran. El vocero de la asociación confirmó que la familia Aguilar recurrió a ellos para que los asesoraran con el secuestro de Alfonso.
Ramiro Liceo desapareció un mes antes, el 24 de abril. Trabajaba en un depósito de cerveza y manejaba la camioneta del dueño. Esa noche, un grupo de personas armadas, sin precisar una cifra, robaron el vehículo y se llevaron a Ramiro. El 28 de abril, su jefe puso una denuncia por robo y narró cómo se llevaron al joven.
Su padre Mario Alberto fue al otro día a declarar al MP y cuenta que recibió una llamada en ese momento en la que lo amenazaban con hacerle daño a su familia si continuaba con la denuncia. “Me asusté y desistí de la denuncia”, se lamenta.
El comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emitió una denuncia que presentó a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalando tortura, detención arbitraria, incomunicación e imputación indebida de delitos.
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Comentó que si se comprobara tortura, el juez tendría que dejarlos en libertad. “Sobre todo si fueron torturados, que pongan la denuncia. Si hubo una detención ilegal y se comprueba en estas 144 horas, el juez tendría que dejarlos en libertad”, sentenció.