La masacre de 19 migrantes en Camargo, no es el primer hecho en el que se ven involucrados policías estatales de Tamaulipas.
El 5 de septiembre de 2019, policías abatieron en Nuevo Laredo a ocho personas, presuntamente integrantes de un grupo criminal perteneciente al cártel del Noreste. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de esa ciudad, denunció que lo ocurrido en realidad, fue una ejecución extrajudicial en un escenario prefabricado. Así se comprobó días después por la autoridad judicial del estado.
El 23 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) giró las órdenes de aprehensión en contra de José ‘N’, Guadalupe ‘N’, Juan ‘N’, Edith ‘N’, Concepción ‘N’, Francisco ‘N’ y Urbina ‘N’, por delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad de informes para autoridad y allanamiento de morada”.
Fue gracias al Comité de Derechos Humanos que se dio a conocer que la mayoría de los ejecutados fueron sacados de una casa en la calle Héroes de Nacataz, Colonia Buenavista y cuenta con videos que permiten ver, por ejemplo que en la casa donde supuestamente ocurrió el enfrentamiento, no hay evidencias físicas.
Además, con testimonios de familiares que relataron cómo fueron sacados de sus casas y trasladados hasta donde después habría ocurrido el presunto enfrentamiento.
De acuerdo con lo declarado por los testigos, quienes después exhibidos como supuestos integrantes del grupo criminal “la tropa del infierno”, perteneciente al cártel del Noreste, fueron sacados de una casa y trasladados a otro inmueble en la colonia Buenavista. Además, se usó una grúa de la SSP para trasladar una camioneta negra con blindaje artesanal al inmueble donde aparentemente ocurrió el enfrentamiento.
El Comité cuenta también con el testimonio del chofer de la grúa que remolcó la camioneta pick up negra hasta el lugar donde presuntamente ocurrió el enfrentamiento.
Ese día por la mañana de acuerdo con el parte del chofer, del cual MILENIO tiene copia, Eladio Martínez, comandante del área de grúas de Nuevo Laredo recibió una llamada en la que se le ordenó enviar una unidad a la calle de Francisco I. Madero casi esquina con Carlos Osuna.
El conductor de nombre Ramón, quien es ahora testigo clave de lo ocurrido y para quien se solicitaron medidas cautelares, dijo que llegó a las 7:43 de la mañana a la dirección indicada y policías estatales le ordenaron remolcar la pick up negra con blindaje artesanal. Cuando preguntó si debía trasladar el vehículo a la fiscalía fue intimidado.
Relató que le tomaron una foto a su gafete y lo amenazaron con ir a su casa si decía algo. Se le ordenó apagar el celular y siguió a las camionetas de la policía hasta la avenida siete en la colonia Valle de Anáhuac. Videos recabados por los defensores de derechos humanos muestran el paso del convoy a las 7:45 de la mañana y la grúa que arrastra la pick up, sin daños ni impactos de bala.
MILENIO también tiene copia del oficio de la Dirección de tránsito y vialidad de Nuevo Laredo en el que se confirma que esa dependencia recibió vía mensaje de whatsapp, una solicitud de apoyo del coordinador de la Policía Estatal, Pedro Rosales Corona. El mensaje fue recibido a las 7:05 de la mañana y se envió la grúa DTV-033 a la colonia Valles de Anáhuac.
Kassandra, hija de Severiano Treviño, una de las personas que murió en el supuesto enfrentamiento, relató que un grupo de policías estatales entraron a su casa, golpearon a su papá –un ex empleado de una empresa refresquera- y luego lo vistieron con un traje militar y un casco y se lo llevaron con rumbo desconocido.
“Yo vi cuando le pusieron el pantalón y las botas y le pusieron un casco negro, así como apareció muerto”, relató la joven a quien ayer mismo se le dieron medidas de protección.
En la casa también estaba una niña de dos años, reveló la tía de la joven Kassandra, quien vive en una casa aledaña. Además, dijo que después de que se llevaron al señor Severiano Treviño, sacaron a la joven de la casa y la arrojaron al lodo. Ahí la encontraron los familiares a quienes les contó que se habían llevado a su papá con destino incierto. Horas después supieron que había muerto en el supuesto enfrentamiento con las fuerzas estatales.
Otros vecinos de la colonia Valle de Anáhuac revelaron que no escucharon ráfagas sino algunos balazos. “Tres balazos, pero no seguidos, como ráfagas no, nomás uno como cuando golpean la puerta, ráfagas no se oyeron, solo balazos aislados”, dijo una de las testigos de lo ocurrido y reveló que la zona fue acordonada durante ese lapso y no se permitió el acceso de ninguno de los vecinos.
El Comité encabezado por Raymundo Ramos, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Defensa y Gobernación que intervengan; a la Fiscalía General de la República atraiga el caso y a la CNDH que intervenga para que se soliciten medidas de protección a los testigos, así como que se investigue lo que realmente ocurrió aquella mañana.
De acuerdo con la información oficial difundida el 5 de septiembre por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el enfrentamiento ocurrió cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales realizaban un recorrido de vigilancia y detectaron una camioneta negra con blindaje artesanal, desde la que empezaron a disparar. Los presuntos agresores llegaron hasta el domicilio en la colonia Valles de Anáhuac. La dependencia informó que los abatidos portaban uniformes militares con chalecos que tenían insignias del cártel del Noreste. En el lugar fueron asegurados el vehículo, 15 armas largas y una corta.
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Además, en redes sociales circularon ese día imágenes de los cuerpos y las armas largas que presuntamente portaban, lo mismo que una fotografía en la que se observa la camioneta pick up negra y uno de los presuntos sicarios ya abatido en el lugar del conductor.