En una operación sin precedentes contra la corrupción y el narcotráfico en Ecuador, la Fiscalía del país ha desvelado una red de complicidad.
Que involucra a policías, jueces y abogados, todos vinculados con un importante narcotraficante. El operativo, denominado “Caso Metástasis”, ha resultado en la detención de 31 individuos, entre los que se encuentran figuras destacadas como Wilman Terán, quien supervisaba a los jueces en Ecuador, y el general Pablo Ramírez, recientemente destituido como jefe de la Policía Antinarcóticos.
Tras una extensa audiencia, un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó prisión preventiva para 16 de los acusados, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura. Para los otros 14 detenidos, se dictaron medidas menos severas, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante un juez cada 15 días. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud de incautar sus cuentas bancarias.
La detención de Terán se ejecutó como parte de un gran operativo desarrollado en la madrugada del jueves 14 de diciembre que conllevó más de 75 allanamientos de viviendas en siete de las veinticuatro provincias del país y que implicó el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías.
Wilman Terán difundió en redes sociales el momento de su detención, a la que calificó como «sin fundamento alguno». «Respetuoso de la ley me defenderé. Con esta persecución han destruido la carrera judicial», apostilló Terán, cuya vivienda fue allanada y registrada, al igual que las oficinas del Consejo de la Judicatura.
CJNG, el vínculo con el narcotráfico en Ecuador
La Fiscal Diana Salazar presentó cargos contra los detenidos, acusándolos de recibir sobornos para proteger a Leandro Norero, conocido como “El Patrón”. Norero, quien fue asesinado en prisión en 2022, era señalado como un influyente narcotraficante con conexiones en el país y vínculos con el grupo criminal mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscal Diana Salazar ha proporcionado detalles adicionales sobre la operación de la red de corrupción descubierta en Ecuador, denominada “Caso Metástasis”. Salazar indicó que esta red estuvo activa entre mayo y octubre de 2022, y que los funcionarios involucrados recibieron sobornos significativos, que oscilaban entre los 6.000 y 450.000 dólares, además de joyas y propiedades.
El propósito de estos sobornos era asegurar resultados judiciales favorables para Leandro Norero, sus familiares y asociados. Norero, identificado como el fundador del grupo criminal “Chonekillers”, extendió su influencia financiando a otras bandas del crimen organizado, como “Los Tiguerones” y “Los Lobos”, grupos implicados en la creciente ola de violencia que ha afectado a Ecuador en los últimos años.
Dos individuos cercanos a Norero fueron identificados como los encargados de distribuir los sobornos a los funcionarios. Alarmantemente, Diana Salazar también mencionó que uno de estos individuos operaba en «coordinación» con el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado en julio de 2022.
La fiscal Salazar consideró que «el caso ‘Metástasis’ es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado, para a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos».
Ecuador ¿Cuándo inició la trama de corrupción?
El inicio de esta trama de corrupción se remonta a mayo de 2022, cuando la esposa y el hermano de Norero fueron detenidos por lavado de dinero. Para asegurar su liberación, el narcotraficante pagó una suma considerable a los funcionarios judiciales involucrados en el caso.
El arresto de “El Patrón” en mayo, quien había fingido su muerte durante la pandemia de COVID-19 para evadir a las autoridades, y su posterior muerte en octubre en una prisión debido a una violenta reyerta, han dejado al descubierto las profundidades de la corrupción y el crimen organizado en Ecuador.
Este episodio se da en medio de fuertes tensiones por la permanencia de Wilman Terán en el cargo, después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Participación Ciudadana (CPCCS) lo designase en febrero y la Corte Nacional de Justicia le retirase la confianza en agosto.
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De forma paralela, el ‘correísmo’ trata de promover en la Asamblea Nacional (Parlamento) un juicio político para destituir a la fiscal general, tras haber llevado en años anteriores la acusación que derivó en la inhabilitación y condena de ocho años de cárcel por cohecho que pesa contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017).