En los últimos cinco años, la Fiscalía General de la República (FGR) opera sin una relación actualizada de cuáles han sido los cárteles de la droga en México.
Ni en qué estados se encuentran distribuidos, según múltiples respuestas que ha ofrecido vía Transparencia. Aunque esto puede deberse a una estrategia para ocultar información, lo cierto es que la FGR ha brindado la misma lista desde 2015 hasta 2020, sin considerar que la cartografía del narco cambia y grupos se fortalecen, mientras que otros se debilitan, aunado a la aparición de remanentes.
Documentos consultados por Blog del Narco indican que la dependencia, actualmente encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha realizado diversas listas de grupos criminales, estados en que operan, así como sus cabecillas, al menos entre 2007 y 2015.
Este medio solicitó la lista de cárteles actualizada al 30 de octubre de 2020, la FGR respondió el pasado 2 de diciembre mediante el oficio FGR/UTAG/DG/005123/2020 otorgando la relación con que cuenta y sistematizada en una tabla.
Según el Anexo del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia (CENAPI), se tenía en el registro a los Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Los Caballeros Templarios, Cártel del Golfo, Los Zetas, Beltrán Leyva, la Familia Michoacana, además del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, como también se conoce al Cártel de Sinaloa.
Pero en la petición con folio 001700282717, fechada en noviembre de 2017 y donde se solicitan datos de 2011, la respuesta de la FGR es la misma lista ofrecida para 2020 en el folio 0001700997720.
Esto también sucede con la respuesta otorgada a la solicitud del folio 0001700282817 que requiere datos de 2012; así como la lista ofrecida en marzo de 2018, cuyo folio está registrado con la serie 1700400003918 y pide una actualización de lo registrado hace tres años.
De acuerdo con la FGR, el CENAPI tiene entre sus facultades definir estrategias que determinen el seguimiento a estas facciones en el ámbito nacional e internacional.
Lo anterior, con el fin de que las unidades operativas correspondientes establezcan medios logísticos y de investigación para el combate o desarticulación de tales grupos, así como dirigir, aprobar y generar sistemas de procesamiento de información relativa a la incidencia delictiva geo-referenciada que apoye las acciones contra esos cárteles o bandas.
Aún cuando la misma FGR reconoce que tiene como competencia elaborar tales listados, y así lo ha realizado en 2007, 2013, 2014 y 2015, por algún motivo dejó de hacerlo, o eso sugieren sus respuestas de Transparencia.
En cambio, aporta datos que omiten lo revelado por áreas como el Gabinete de Seguridad Federal o la Unidad de Inteligencia Financiera, así como análisis de organizaciones civiles y registros de prensa en los últimos cinco años.
De modo que la dependencia se ha limitado, sistemáticamente, a ofrecer una lista desactualizada correspondiente a 2015, aún cuando le ha sido solicitado que proporcione datos de 2010, 2011, 2012 o 2020; el documento que ofrece es un anexo con nueve cárteles subdivididos en 37 células, que a su vez estaban distribuidas en 19 entidades.
Por otra parte, la FGR simplemente pudo haber decidido no otorgar la información, ampararse en una lista desactualizada y así evadir sus obligaciones de Transparencia, es decir, que ha encontrado una manera de sortear la Ley, simulando que atiende las peticiones de la ciudadanía.
Es el artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de la FGR, donde se detallan las facultades del CENAPI, que a su vez fue adscrito a la Agencia de Investigación Criminal mediante el Acuerdo A/101/13, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2013.
“Realizar estudios criminógenos y geodelictivos y operar sistemas de procesamiento de información y dictar los lineamientos sobre incidencia delictiva georeferida para captar y sistematizar la información que le permitan la planeación integral del combate a la delincuencia, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Procuraduría”, señala la facultad de la fracción VII de tal artículo, incluido en el Capítulo décimo segundo.
Si bien la FGR puede reservar información para no afectar indagatorias en curso o persecución contra objetivos prioritarios, cabe notar que ni siquiera recurre a tal argumento para otorgar una lista de hace cinco años.
La desactualización de Los Zetas como muestra
Al comparar la lista fechada en 2014 con la de 2015, se puede identificar que Los Zetas tuvieron una disminución de cinco células, al pasar de ocho a tres. En el documento de marzo de 2013, sin embargo, esta facción solo registraba a Los Talibanes, Los Legionarios y Los hijos del Diablo.
A mitad de la década reciente, la FGR ubicó al Grupo Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas. Es decir que el cártel de “la última letra” perdió, entre 2013 y 2015, a Sangre Zeta, El Círculo y El Extranjero, Comando Zetas, Unidad Zetas, Néctar Lima, Los Negros y Grupo Delta Zetas.
La información de 2007 señalaba que Los Zetas eran conformados por unos 300 hombres, que en conjunto, representaban el brazo armado del Cártel del Golfo. Esta última facción disputaba territorio al Cártel de Sinaloa cuando Felipe Calderón comenzaba su mandato, de acuerdo con un documento de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En ese entonces, el Cártel del Golfo era comandado por Jorge Eduardo Sánchez Costilla, El Coss, quien asumió tras la captura de Osiel Cárdenas Guillén. Los operadores: Heriberto Lazcano Lazcano, Jaime González Durán, El Hummer, Héctor Manuel Sauceda Gamboa, El Karis, Sergio Castillo Ortiz, El Checo, y Julio César Rosales Mendoza.
Cabe notar que en 2007, la SIEDO no identificó a Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, como lugarteniente destacado; hermano de Osiel detenido en 2003, extraditado el 19 de enero de 2007 a EEUU donde paga una condena y saldrá libre en 2028.
La facción que fundara Juan García Ábrego comenzó un distanciamiento con Los Zetas desde 2007, tras la extradición de Osiel Cárdenas Guillén. Hasta 2010, año de la ruptura definitiva, un análisis de Insight Crime ubicó que los liderados por Lazcano Lazcano tenían presencia en 405 municipios de México.
Los Zetas afianzaron su poderío criminal mediante el terror y actos de violencia despiadada que hasta entonces no se había visto en México.
Una de sus atrocidades fue la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; las víctimas, en su mayoría de Centroamérica, fueron ejecutadas en 2010 por negarse a formar parte de la agrupación y no pagar la cuota de tráfico. Otro acto fue el incendio del Casino Royale, centro de apuestas en Monterrey donde sicarios dispararon y arrojaron gasolina para quemar y asesinar a 52 personas en 2011.
Integrada originalmente por 31 desertores del Ejército, la agrupación tomaba control del territorio al estilo militar. Aunado a ello se equiparon con armas y comunicaciones de última tecnología; también empleaban inteligencia y disciplina de las Fuerzas Armadas para ejecutar sus operaciones.
Al mismo tiempo que Los Zetas mantenían una disputa interna contra el Cártel del Golfo por las plazas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, como en Monterrey, Nuevo León; también hacían frente al Cártel de Sinaloa, aliados con Los Beltrán Leyva.
En su apogeo consolidaron vínculos para el trasiego de narcóticos en Centroamérica y Colombia, hasta conexiones en Italia, Venezuela, África Occidental, así como Estados Unidos.
Para 2012, la facción comenzó un proceso de división que sigue vigente. Las disputas entre los hermanos Treviño Morales, Miguel, El Z-40 y Alejandro/Omar, El Z-42, contra Iván Velázquez Caballero, El Talibán; así como el abatimiento de Lazcano Lazcano en octubre de ese año, terminaron por debilitar al cártel. El Talibán fue capturado un mes antes, en septiembre y El Z-40 en julio de 2013, mientras que El Z-42 cayó hasta 2015.
La supervivencia de la última letra
Según reportes de la Administración del Control de Drogas (DEA) de 2019, Los Zetas continuaban traficando una variedad de drogas, incluidas la heroína y la cocaína, a través de centros de distribución en las ciudades de Laredo, Dallas y Nueva Orleans.
Aún con su fragmentación, también operaban el contrabando de metanfetamina y mariguana en la zona fronteriza de Del Río y Falcon Lake. La primera urbe de Val Verde, Texas, colinda con Ciudad Acuña, Coahuila; la segunda con Zapata (también en Texas), cercana a Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.
El grupo también está vinculado con pandillas en Tenesse y Colorado. Reportes de 2015 situaban a Los Zetas en Eagle Pass, San Antonio, Milwaukee, Galveston, Baltimore y Long Island.
La información disponible hasta 2015, indicaba que este grupo criminal operaba solamente en Tamaulipas. Los datos de prensa más recientes refieren que ahí disputan el territorio contra Los Escorpiones y Los Metros, organizaciones derivadas del Cártel del Golfo.
Hasta el 16 de noviembre del 2019, se tenía ubicada la presencia de escisiones de Los Zetas en 12 estados del país, de acuerdo con un reporte de Lantia Consultores.
Según ese informe, Los Laredo/Cártel del Noreste estaban en Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz; Los Zetas Vieja Escuela registraron operaciones en Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Mientras que los Zetas Sangre Nueva estarían en Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Veracruz; Sangre Zeta en Coahuila y Tamaulipas; mientras que Los Talibanes (presuntos socios del Cártel Jalisco Nueva Generación) tuvieron participación en Aguascalientes, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas.
Hasta 2021 se sabe que este grupo está subdividido en el Cártel del Noreste y su brazo armado, La Tropa del Infierno. Se disputa el territorio de Tamaulipas con Los Zetas Vieja Escuela. El líder está identificado únicamente como El Werko, quien estaría casado con una sobrina de El Z-40 y El Z-42.
Otra facción disidente son Los Talibanes, que pelean zonas estratégicas en Zacatecas y San Luis Potosí. Raúl Velázquez Caballero, El Talibancito, es identificado como hijo de Iván Velázquez Caballero, y actual heredero de la agrupación con designación terrorista de Afganistán
Cabe destacar que los documentos de la FGR dejan de lado esta atomización de los últimos cinco años. Así como las actividades para el lavado de dinero detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en agosto del 2020.
El mapeo presentado por Santiago Nieto, titular de la UIF, refirió que Los Zetas realizaron operaciones en Campeche, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Mientras que el Cártel del Noreste fue registrado con el blanqueamiento de capitales en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Aún cuando la FGR limitó las acciones del grupo criminal a Tamaulipas en 2015, José María Guizar Valencia, El Z-43, fue detenido el 7 de febrero del 2018 en la Ciudad de México. Fue señalado como responsable del trasiego de droga hasta EEUU, donde ofrecían cinco millones de dólares por su captura.
Estableció su centro de operaciones en Palenque, Chiapas desde 2003, ya para 2007 comenzó con el tráfico de narcóticos desde Colombia por carreteras de Guatemala. Después extendió sus dominios a Puebla. De doble nacionalidad México-estadounidense, operó por lo menos durante tres lustros en esas zonas.
Los Zetas de la Vieja Escuela se atribuyeron, en enero de 2017, el asesinato de cinco personas durante un festival de música electrónica, ocurrido en Playa del Carmen, Quintana Roo (Foto: Archivo)
José Carmen “N”, El Comandante Reyes, El Conchas/El Pan, fue uno de los últimos golpes contra Los Zetas. Este capo fue detenido en Oaxaca a finales de enero del 2020.
Las autoridades de Veracruz lo requerían por ser generador de violencia en 12 municipios al sur de de la entidad donde ejercía su dominio, incluidas las alcaldías de Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos. La Fany, otra operadora en el estado pero en Paso del Macho, también fue detenida el año pasado, en octubre.
Por una parte, la organización se ha visto disminuida y depende de ilícitos a nivel local como la extorsión, el narcomenudeo o secuestros; pero la Defensoría del Pueblo de Colombia ha reportado que por lo menos tres facciones mexicanas están moviendo la guerra en el país sudamericano. Se trata del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Estos grupos tendrían el objetivo de negociar la cocaína y garantizar su pureza para el trasiego con alcance transnacional.
Con ello puede notarse que el grupo criminal de la última letra ha destacado en al menos 13 entidades con remanentes que ascienden de tres a cinco, desde 2019 a 2021; además de su presencia en dos países fuera de México. Pero es incierto hasta qué punto la FGR tenga certeza de esta situación.
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En su referencia de 2015 alude a nueve cárteles en el país, mientras que la UIF señaló al menos a 19 facciones el año pasado. Consultada por este medio sobre la lista desactualizada y a través de su unidad de Transparencia, la institución no respondió.