México es un claro testimonio de cómo el aumento del poder del narco puede terminar por arrebatarle al Estado el control sobre territorios.
Sostiene el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo en un informe en el que examina la situación actual de la paz y seguridad a nivel global. “Países han perdido o cedido el control de territorios tácitamente a grupos delictivos organizados”, sostiene el documento.
Pone como ejemplo a México, que describe como un país económicamente desarrollado, miembro de la OCDE y una democracia electoral establecida, con varios cambios en el poder desde 2002, pero que al mismo tiempo sufre de violencia perpetrada por grupos delictivos organizados, corrupción gubernamental.
Abusos de derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales, “impunidad desenfrenada” y un “severo déficit” de Estado de derecho que limita derechos políticos y libertades civiles.
“El Estado se ha visto tan debilitado por la violencia de los cárteles de la droga y por su propia incapacidad para responder con respecto al Estado de derecho y los derechos humanos, que los cárteles de la droga han ejercido control sobre ciertas comunidades locales”, detalla.
Afirma que la inseguridad causada por actividades delictivas puede ser en ciertas sociedades casi tan perjudicial para el bienestar individual, el desarrollo humano y la cohesión social como los conflictos armados.
‘Deterioro generalizado por la violencia’
El Índice de Normandía elaborado por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo destaca que los desafíos que enfrenta el país se han traducido en un deterioro generalizado de la paz por tres años consecutivos desde 2016 y en un aumento de la tasa de homicidios, con niveles históricos en 2018, con 27 muertes por cada 100 mil habitantes, es decir, más de 34 mil víctimas.
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“Se trata de un aumento del 80.5% con respecto a los niveles de 2015, superando el pico anterior de 2011”. Asegura que la violencia con armas de fuego igualmente va en crecimiento, la tasa de delitos en este rubro se ha duplicado, de 13. 5 por cada 100 mil personas en 2015 a 28.6 en 2018. La misma tendencia negativa registra la tasa de delitos violentos.