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Fernando Arellano “El Ingeniero” líder del Cártel Arellano Félix está a punto de obtener su libertad

Dos amparos concedidos a Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” eliminan dos causas penales. Una de las protecciones libra al ex líder del Cártel Arellano Félix del delito de delincuencia organizada.

Fernando Arellano “El Ingeniero” líder del Cártel Arellano Félix está a punto de obtener su libertad

El segundo de los amparos anula la formal prisión del capo por el atentado contra el ex director de la Seguridad Pública de Playas de Rosarito, que le costó la vida a un agente escolta en 2007. Aunque ha librado otros dos juicios por delincuencia organizada, al hombre preso en el Cefereso Número 1 Altiplano le queda un proceso por lavado de dinero

Nunca vio la luz al final del túnel tan cerca como ahora. No tiene la certeza de que vaya a salir, pero ahora en su mente se imagina más allá de los muros de la prisión. Ambiciona la libertad, y con ello, dejar la comida inmunda, las ratas y todas las cosas de las que se ha quejado tanto en el penal de Altiplano. Todo lo deja en manos de sus defensores, quienes le han allanado parte del camino.

Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” o “El Alineador” fue obsequiado con dos amparos que eliminan el mismo número de procesos por delitos graves. Uno por el delito de delincuencia organizada, y otro por homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de policías de Playas de Rosarito. Antes, ya le habían amparado contra dos causas penales por delincuencia organizada, al considerar que hubo duplicidad en la imputación. Ahora solo le retiene un juicio por lavado de dinero.

A más de seis años de su captura en Tijuana, el ex líder del Cártel Arellano Félix (CAF) podría recuperar su libertad. Se desconoce si existen averiguaciones previas pendientes de consignar por parte de las fiscalías local y federal, como tampoco se tiene noticia si el personaje será reclamado en extradición internacional por parte de Estados Unidos, como se aseguraba aquél 23 de junio de 2014, cuando fue detenido en Tijuana.

Atrás quedaron aquellos primeros meses de encierro cuando el capo pretendía probar que en su captura intervinieron autoridades extranjeras y que su detención presuntamente fue ilegal. Todavía se recuerda cómo solicitaba -como prueba- los videos de las cámaras de video vigilancia que habrían captado el momento de su arresto y los sitios a los que lo trasladaron. También sus quejas frecuentes por los dolores derivados de sus enfermedades, el insomnio y el estreñimiento. Las ratas y cucarachas que hacen la compañía a los reclusos.

Ahora solo queda esperar si habrá impugnación de autoridades ministeriales o no, en uno de los amparos concedidos, y si la hay, que se resuelva en unos meses más. De ser condenado en la causa penal que enfrenta por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el único que le quedaría, podría recibir una pena de entre cinco y quince años de prisión, de los cuales ya tendría compurgados un tramo.

Como suele ocurrir en los grandes casos del crimen organizado, los capos son enjuiciados por delitos federales, pero el trabajo de las procuradurías estatales brilla por su ausencia. ¿Dónde quedaron las balaceras, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, los cohechos y todos los delitos que autoridades y cómplices detenidos aseguraban eran cometidos por órdenes de su líder? Por lo menos tres imputaciones por delincuencia organizada no pudieron ser probadas en Juzgados de Distrito.

LE ANULAN ORDEN DE APREHENSIÓN POR ATENTADO A MONTERO

El 4 de junio del año en curso, el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a Fernando Sánchez Arellano para que se anule el auto de formal prisión que le fue dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito por el atentado en las instalaciones de la Policía local en 2007.

El auto de bien preso fue ratificado en su momento por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Los delitos, homicidio calificado en agravio del oficial de Policía Guillermo Castro Corona, y homicidio en grado de tentativa en perjuicio del Capitán Jorge Eduardo Montero Álvarez, ex director de Seguridad Pública en Playas de Rosarito.

Aquellos hechos ocurrieron aproximadamente a la una de la tarde del 18 de diciembre de 2009 en las instalaciones de la corporación municipal, cuando un grupo armado incursionó en el edificio con la encomienda de matar a Montero. En la balacera murió el agente Guillermo Castro y resultó herido el también uniformado Leonel Pizaña Trip, ambos asignados a la escolta de su superior, quien pudo ocultarse para no ser blanco de la agresión y defenderse. Salió ileso.

Los atacantes, que llegaron a bordo de varias camionetas, armados con fusiles AR-15 y AK-47, huyeron de la escena y algunos de ellos serían detenidos tiempo después. Entre los capturados figuraron Ángel Jácome Gamboa “El Kaibil” y Rubén Ríos Estrada “El Pit”, quienes señalaron como autor intelectual del ataque a Fernando Sánchez Arellano porque “Montero no quería ponerse a las órdenes” del CAF para el tráfico de drogas y para que los policías de la localidad les brindaran protección e información.

De forma inicial, a los participantes en los hechos, entre los que se incluyó a algunos agentes municipales infiltrados, se les procesó en un mismo asunto -en el fuero federal- por delincuencia organizada y los delitos contra la integridad física de las mencionadas víctimas, pero después se desglosó la competencia de los delitos de fuero común, para que estos fuesen conocidos por el Juez de Playas de Rosarito, que en 2016 dictó orden de aprehensión contra Fernando Sánchez, que ya estaba detenido desde junio de 2014.

Desde el penal de máxima seguridad, “El Ingeniero” se defendió a través del juicio de amparo, alargándose la resolución debido a la dificultad para emplazar al procedimiento a las víctimas, entre ellas la vida del policía Castro. Hubo necesidad de que se publicaran edictos en un diario de circulación nacional y el Diario Oficial de la Federación, con cargo al imputado, quien se declaró insolvente económicamente y no tuvo que erogar pago alguno. La mujer nunca fue localizada.

Pese a que el amparo fue concedido al sobrino de los Arellano Félix en junio, es hora en que los interesados en el asunto, entre ellos el Capitán Montero, no son notificados, por lo que aún no corre término para que se interponga el recurso de revisión por parte del Ministerio Público federal, o de desistirse de ello, cause estado la resolución.

LE ELIMINAN UN CARGO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA

De los tres procesos penales que tenía “El Alineador” en su contra por delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud en Nayarit, Estado de México y Tamaulipas, ya solo le quedaba uno vigente. Sin embargo, recientemente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Vigesimocuarto Circuito, con sede en Tepic, confirmó el amparo concedido al quejoso para que se deje sin efecto la formal prisión.

Un tribunal de Sinaloa auxilió en el dictado de la resolución que beneficia a Fernando Sánchez Arellano. El fallo ordena “la inmediata libertad, con las reservas del ley del inculpado, aquí quejoso, únicamente por cuanto al proceso penal y delito a que se refiere el fallo que se revisa”. Es decir, la sujeción a la causa penal 461/2009 dictada el 10 de julio de 2014 por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y que se había confirmado en el Primer Tribunal Unitario, ambos del Estado de Nayarit.

El juez que concedió el amparo y los magistrados que confirmaron el fallo estimaron que los testimonios y datos de prueba que obraban en el expediente no resultaban aptos y suficientes para establecer que el inculpado es miembro -con funciones de líder- de la organización criminal denominada Cártel de los Hermanos Arellano Félix o Cártel de Tijuana.

La conducta que se pretendió atribuir a “El Ingeniero” era su pertenencia a la organización criminal heredada de sus tíos Benjamín, Ramón y Javier, entre otros de apellidos Arellano Félix, “que tiene como lugar de operaciones Mexicali, Tijuana y Tecate, Baja California; y Culiacán, Sinaloa”, así como sus operaciones, que en el caso del imputado datarían por lo menos desde 1998 hasta junio de 2014, cuando fue atrapado por autoridades militares y federales.

Fueron los propios acusados del intento de homicidio de Jorge Montero los que declararon sobre el liderazgo de Sánchez Arellano en el cártel, y destacaron que parte de las actividades consistían en cometer delitos contra la salud en las modalidades de tráfico, venta y transporte de drogas como cocaína y marihuana, además de realizar secuestros, homicidios y el cobro del llamado “derecho de piso” a otros grupos criminales, cohechando a elementos de corporaciones policiales que les protegían.

Los otros procesos penales por delincuencia organizada que fueron derribados jurídicamente por los abogados de Sánchez en años anteriores, eran el radicado en la causa penal 10/2009 en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, y el 219/2012 en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas. Los amparos concedidos argumentaron que las acusaciones en ambos expedientes estaban duplicadas.

El único asunto que retiene a Sánchez Arellano es el 52/2014 que se encuentra en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por aquellos 100 mil dólares localizados en su domicilio, tras su detención en una hamburguesería a la que acudió con su familia luego de haber presenciado por televisión el partido México-Croacia del Mundial de Futbol Brasil 2014.

VIDA EN RECLUSIÓN

Desde su detención, se acabó la vida de lujos y desenfreno para Fernando Sánchez Arellano. Fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, la cárcel de máxima seguridad más famosa de México. Desde su ingreso, el joven de la dinastía Arellano presentaba lesiones en su espalda, producto de una caída sufrida tiempo atrás. La lumbalgia y sus dolencias nunca le abandonaron en más de seis años.

Apenas se había aclimatado un año en su nueva “casa”, cuando la fuga del narcotraficante Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera el 11 de julio de 2014, obligó a las autoridades carcelarias a tomar medidas especiales con los reclusos de alto perfil criminal, y el 30 de septiembre resolvió trasladar a varios de ellos a diversos penales federales del país. A Fernando lo enviaron al Cefereso Número 13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz en Oaxaca. En ese lugar se quejaba de su espalda partida, de que no le permitían salir al patio y realizar sus actividades en los horarios que le correspondían, además de reclamar la prohibición para que le entregaran las revistas científicas que le enviaba su familia, en tanto sus defensores promovían un amparo para que lo regresaran a Altiplano.

Un año y meses después “El Ingeniero” pudo regresar a las gélidas celdas del penal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Para su desgracia, la situación no mejoró con su retorno a Altiplano. Continuaron las demandas de amparo solicitando atención médica de un quiropráctico, medicamentos y menos rigor penitenciario. En 2018, los abogados del ex líder del CAF plantearon que su cliente vivía en condiciones insalubres y deplorables, que estaba deprimido y pensaba en el suicidio, por lo que solicitaron un mejor trato de las autoridades.

Uno de los defensores relató que a Fernando lo mantenían incomunicado del resto de los presos “porque lo tienen en un área de segregación (Tratamientos Especiales), donde no ve a nadie. Esta es un área donde lo tienen encerrado las 24 horas del día. Tiene las luces prendidas todo el tiempo, no las apagan. Hacen ruido a cada rato. No lo dejan dormir. No le llevan alimentos. No lo sacan al patio. Donde lo tienen existen animales rastreros (como cucarachas y ratas).

Defeca en el área donde lo tienen encerrado. Está sufriendo de actos de tortura, que, si bien no le dejan huellas en el cuerpo, tales torturas son psicológicas, ya que está angustiado por no ver a su familia, ni a su defensor particular. Se siente deprimido. A veces piensa en quitarse la vida ante las condiciones en que se encuentra”.

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En 2020, “El Ingeniero” ya no se queja de esos hechos. Parece que la depresión pasó y sus reclamos son exclusivamente en contra de un posible traslado, como el ocurrido el 3 de agosto, cuando cientos de internos de Altiplano fueron remitidos al nuevo Cefereso Número 18 CPS Coahuila, en Ramos Arizpe.