La lista de testigos que fueron careados con Joaquín Guzmán Loera durante el llamado Juicio del Siglo, terminaron integrados al programa de testigos protegidos de los Estados Unidos.
Y actualmente se encuentran en custodia de los US Marshals, mientras sus abogados negocian con la fiscalía estadunidense qué tanta libertad adicional les pueden ofrecer. Parte de esas negociaciones, según se muestra en bitácoras judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) incluye qué bienes Estados Unidos.
Podría decomisarles antes de que alcancen la libertad, la cual dependerá de las sentencias no tan severas que sus abogados negocian, revela una investigación de este semanario. De acuerdo a una revisión en gran parte de los archivos judiciales, se puede apreciar cómo la mayor parte de estos documentos se encuentran sellados como parte de las intenciones del gobierno de Estados Unidos que.
En un afán por no precisar detalles sobre las negociaciones entre la defensa con los fiscales, muestra apenas una parte del gran rompecabezas que arman lejos de la opinión pública.
Y, sin embargo, cada caso debe ser avalado y firmado por un juez federal para determinar la condición del trato, incluso la legalidad en cada una de las peticiones que hagan tanto la defensa como los fiscales.
Entre los testigos que declararon contra Guzmán Loera, se incluye a Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, Jorge Milton Cifuentes Villa, Juan Carlos Ramírez Abadía el Chupetas, Jesús Reynaldo Zambada García el Rey, Alexander Hildebrando Cifuentes, Lucero Guadalupe Sánchez López, Tirso Martínez Sánchez, Dámaso López Núñez y Miguel Ángel Martínez.
Todos se encuentran en poder de los US Marshals.
En las fichas de los acusados puede leerse que ya ninguno de ellos se encuentra en poder del Sistema Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), lo cual significa que casi todos ellos se encuentran en cárceles federales, muchas veces con otros nombres, o en confinamientos secretos que la agencia US Marshals tiene, y en muchos casos, aislados de otros reos como una forma de protegerlos de posibles enemigos que ahora quisieran dañarlos.
Sánchez López la Chapodiputada, que hasta hace unas semanas se encontraba recluida en un penal de mediana seguridad, en Washington DC, apenas la semana pasada fue puesta a disposición de los US Marshals, quienes la reubicaron por cuestiones de seguridad.
El caso del Rey Zambada fue diferente, pues aunque sí estuvo en prisión del USBOP al momento de ser extraditado y puesto a disposición de un juez de una corte federal del Distrito Este de Nueva York, inmediatamente su defensa negoció con los fiscales del caso, y poco tiempo después fue reubicado por agentes del US Marshals, quienes lo llevaron a una prisión desconocida y sólo se volvió a saber de él hasta que testificó contra el Chapo Guzmán, a finales de noviembre de 2018.
“Mi hermano Mayo, y mi compa Chapo eran los líderes absolutos del cártel de Sinaloa, y tenían más influencia que Amado Carrillo Fuentes, y Juan José Esparragoza Moreno el Azul”, dijo en su momento.
Vicente Zambada habría sido un caso extraordinario, pues su caso se selló desde las primeras audiencias, amenazando con revelar información que detallara cómo la DEA hacía acuerdos directos con el cártel de Sinaloa, y donde colaboraban para desmantelar grupos rivales a cambio de información para que el gobierno no los afectara.
LUCERO SÁNCHEZ. Contando los días.
Apenas el pasado 30 de mayo el Vicentillo fue sentenciado por el juez Rubén Castillo a 15 años de prisión, y aunque supuestamente se encuentra confinado en una prisión de Michigan, donde no se le permite tener contacto con otros reos, es posible que alcance su libertad para mayo de 2024.
De otros narcotraficantes que también declararon contra el Chapo, como Juan Carlos Ramírez Abadía el Chupetas y Alex Cifuentes Villa, se desconoce su paradero, aunque al menos en el caso de Ramírez Abadía, es un hecho que se encuentra preso; el caso contra Alex Cifuentes se encuentra terminado desde 2017, aunque según una cobertura hecha durante el juicio por Ríodoce; al momento de rendir su declaración se encontraba aún preso, y es posible que su caso sea de prisión domiciliaria, aunque ni los US Marhals, ni el USDOJ pudieron confirmar su ubicación.
En una petición de Ríodoce solicitando información sobre los testigos protegidos a través del Acta para la Libertad de Expresión (FOIA), voceros del US Marshals dijeron que el caso se encontraba sellado, y por seguridad de las personas que se habían integrado a esta medida.
Pero mientras la mayoría de esos procesos se encuentran sellados, de acuerdo a un rápido sondeo a los archivos judiciales del USDOJ, es posible leer algunos títulos de las mociones en donde puede apreciarse que, en algunos casos, la fiscalía propone decomisar bienes por varios millones de dólares.
“Todos ellos fueron puestos bajo la custodia de los US Marshals, pero no han sido liberados, siguen presos, y sus abogados están negociando con los fiscales una sentencia que no sea tan severa”, consideró un abogado estadunidense, quien pidió no revelar su identidad.
Por ese motivo los nombres ya no aparecen en el sistema penitenciario de Estados Unidos, unos fueron reubicados y en otros casos, se les cambió de nombre como una forma de protegerlos.
“El Buro de Prisiones tiene que cambiar los nombres obviamente porque tienen miedo de que posiblemente el Cártel de Sinaloa mande matar a estas personas, o buscar personas dentro de la prisión para matarlos”, dijo Mike Vigil, ex agente de la DEA.
Según expertos, para que un preso alcance su libertad, “primero debe recibir la orden de un juez federal y de nadie más”.
“El Buro de Prisiones tiene que cambiar los nombres obviamente porque tienen miedo de que posiblemente el Cártel de Sinaloa mande a matar a estas personas, o buscar personas dentro de la prisión para matarlos”, dijo Vigil, en una entrevista con Telemundo.
De todos los testigos que declararon en contra del Chapo, sólo Cristian Rodríguez es el que se encuentra libre porque nunca piso prisión, ya que cuando la DEA detectó que le realizaba el sistema de seguridad en redes telefónicas, se fue tras él y le propuso que trabajara con ellos para ayudarlos a atrapar a Guzmán Loera.
Fuera de ellos, el próximo que podría alcanzar la libertad es Tirso Martínez, ya que tras su colaboración con el USDOJ, el juez le redujo la sentencia a 10 años de prisión, y podría alcanzar la libertad en enero de 2024, apenas unos meses antes que el Vicentillo logre la suya, en mayo de 2024.
El programa de testigos protegidos inició en 1971, debido al peligro que enfrentaban quienes testificaban contra narcotraficantes. Desde su creación, ningún testigo protegido ha sido muerto o herido.
