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Guanajuato del apogeo económico a la narcoviolencia y el huachicoleo

El desarrollo económico de Guanajuato trajo consigo una serie de situaciones de la mafia, pelea de plazas y corrupción que permite que crezcan los grupos delictivos.

Guanajuato del apogeo económico a la narcoviolencia y el huachicoleo

Enero de 2020 fue unos de los meses más violentos en 20 años para el estado de Guanajuato, pues poco más de 450 personas fueron asesinadas, en contraste con 2019 que tuvo un total de 293 muertes violentas, lo cual equivale a un aumento del 53 por ciento.

Nuevos colectivos han surgido en dicho estado con el objetivo de buscar a su gente desaparecida, entre ellos “Justicia y Esperanza”, “Sembrando Comunidad” “Búscame” y “A Tu Encuentro”, que incluso tienen planes de trabajo, del que han presentado metodologías y hasta agendas con la que buscan implementar mesas de investigación y atención a víctimas.

Además de suprimir dentro de la metodología de investigación de la Fiscalía el término “Persona No Localizada”.  Entre los otros claroscuros del estado se encuentra también el apogeo económico que ha gozado en materia de aportación al Producto Interno Bruto (PIB), pues a lo largo de 10 años fue el lugar que más presentó avances, alcanzando las sexta posición respecto de las economías más grandes del país, meta que entre otros factores, alcanzó a través de la industria automotriz, formando un clúster industrial consolidado.

Sin embargo, uno de los estados más prósperos ha caído en la línea de violencia incremental en el país que, conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tan sólo en 2019 presentó un registro de 2 mil 834 asesinatos, en comparación con 2018 que que registró 2 mil 609 en total.

Aunque más de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional se han enviado a Guanajuato, el gobernador del mismo, reporta que no están bien distribuidos (Foto: Cortesía Presidencia)

Las autoridades explican el fenómeno con base en la operación de carteles, en paralelo con el mal funcionamiento de las instituciones de seguridad, que consideran que más que contar con acciones preventivas actúan como carteles, sin protocolos de transparencia ni rendición de cuentas. Al aumento de la violencia suman otro ángulo a tomar en cuenta, que es la lucha de las plazas, por la que los carteles “oficiales” se pelean, entre los que destacan el de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Básicamente por lo que pelean estos grupos criminales es por el control de la venta de droga, así como por el robo de combustible, mejor conocido como “huachicoleo”, en los que la constante es el nexo al crimen organizado como lo son casos de narcomenudeo y rivalidades que han ido creciendo a la par del aumento de homicidios en el estado.

Hasta la fecha los municipios en los que se han presentado un alza considerable en la incidencia delictiva y homicidios son Acámbaro, León, Irapuato, Villagrán, Salamanca, Yuriria, Apaseo el Alto, Celaya, Irapuato y Tarimoro.

Incluso el mismo gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha declarado en entrevistas para diversos medios que son los cárteles que se pelean entre sí por ganar posicionamiento los que han incrementado la violencia, por lo que ha solicitado mayor apoyo tanto por parte del gobierno federal, como por parte de la Guardia Nacional, a fin de permear la incipiente violencia que azota al estado y a su población, misma que sigue incrédula y asombrada del gran cambio negativo que ha sufrido su estilo de vida en tan poco tiempo, engendrando con ello familias incompletas y madres de familia que buscan subsistir entre las búsquedas de sus esposos y familiares, sin perder sus empleos.

A pesar de que al estado se han enviado a más de 4,000 elementos de la Guardia Nacional, el gobernador del estado considera también que están mal distribuidos o permanecen en sus cuarteles.

En tanto, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas siguen aumentando tanto en tamaño como en metodologías a fin de elevar los estándares de protección y de obligar al Estado a buscar a sus familiares desaparecidos de manera pronta.