Francisco Guízar Pavón, alias el Rey de las Gasolinas por su presunta complicidad en el robo de combustible, conocido como huachicol, fue asesinado a balazos en la capital del estado de Puebla.
El hombre fue atacado dentro de su vehículo blanco, con placas de Veracruz, en la periferia de la colonia Lomas de Angelópolis. Apenas el pasado 9 de noviembre, Juan Carlos Molina, diputado local de Veracruz y esposo de Rosa del Alba Guízar, hija del occiso, fue asesinado en una emboscada afuera de su rancho en el municipio de Medellín.
En redes sociales circula el video de cómo quedó tras el ataque armado del hombre quien se presumía que su actividad ilícita era blindada por grupos del narcotráfico como el Cártel de Los Zetas, en Veracruz, y de La Familia Michoacana, en el estado de Michoacán.
El entonces legislador independiente, quien por muchos años fue de extracción priista y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), recibió al menos seis impactos de bala a bordo de su camioneta.
En el caso del Rey de las Gasolinas, su nombre tomó importancia pública a partir de 2010, cuando fue detenido por la Policía Federal en las inmediaciones del Parque Fundidora en Monterrey, capital del estado de Nuevo León.
Su detención fue motivada tras un cateo que la entonces PGR realizó en dos inmuebles asegurados en los municipios de Atotonilco El Alto y Zapotlanejo, en Jalisco, donde encontraron contenedores con combustible e información diversa que lo relacionaban con los robos a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El sujeto, quien trabajó para Pemex en el periodo de 1974 a 1993, fue señalado como un operador de redes de robo de combustible en Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sinaloa.
El originario de Veracruz tenía una investigación desde esa detención y también, a partir de 2011, por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
“El modus operandi de la banda del Rey de las Gasolinas iniciaba con la localización estratégica de predios para la instalación de tomas clandestinas; posteriormente detectaban inmuebles ubicados en lugares claves para almacenamiento, y después proceder a la instalación de tomas clandestinas de los ductos”, detalló la entonces Procuraduría General de la República.
“Luego almacenaban el combustible robado en tanques enterrados, vehículos adaptados y bodegas. Finalmente, procedían a la distribución del hidrocarburo robado en estaciones de servicio y empresas o industrias”.