La comentada y opulenta boda entre Alejandrina Gisselle Guzmán, hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Édgar Cázares.
Sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, “La Emperatriz del Narco”, realizada el pasado 29 de enero, sigue dando de qué hablar. Ahora, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desconocía por completo que se realizaría el enlace matrimonial para el que incluso, se cerró la Catedral de Culiacán.
De acuerdo con la prensa y redes sociales, a la ceremonia acudió Ovidio Guzmán López (otro hijo del “Chapo”) y sobre quien existe una orden de aprehensión por parte del gobierno de los Estados Unidos y una solicitud de extradición.
Es por eso, que dice el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal, la boda debió de haberles hecho muy poca gracia en Washington ya que, confirmó, que aún con “El Chapo” preso de por vida en una cárcel de los Estados Unidos, queda en claro el poderío de su familia y el del Cártel de Sinaloa, porque se exhibe públicamente y sin tapujos.
Es que el enlace fue demasiado visible: además del cierre de la Catedral, se observó a decenas de camionetas blindadas y hombres fuertemente armados que custodiaban el recinto religioso y el rancho en el que se celebró la fiesta.
Pero de todo eso, dice García Soto, nadie en el gabinete federal, ni en el Ejército mexicano, ni en la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República ni en la Marina se enteraron o al menos eso explicaría por qué no montaron algún operativo, ya no digamos para saber qué invitados acudirían y si había alguno con orden de aprehensión, sino para saber lo que estaba ocurriendo en Culiacán el sábado a mediodía.
De acuerdo con el periodista, no es difícil suponer que la boda de la que todo el mundo tuvo imágenes e información detallada, menos el gobierno mexicano, vaya a remover la molestia que en Washington y en la embajada de Estados Unidos en México permanece por aquel fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019.
A poco más de tres meses de aquellos hechos, dice García Soto, nadie sabe explicar en la administración de López Obrador por qué se ejecutó un operativo tan mal planeado y cómo fue que los soldados del Cuerpo de Fuerzas Especiales fueron a la capital de Sinaloa a detener a Ovidio sin una orden de aprehensión liberada por jueces mexicanos y hasta sin orden de cateo para sacarlo de su domicilio.
Porque aquel día fatídico para la 4T, dice el periodista, los integrantes del Ejército actuaron para cumplir una orden de aprehensión de la justicia estadounidense y una petición de extradición formuladas unas semanas antes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Esto ocurrió, dice Salvador García, después de la visita que realizaron el 20 de septiembre de 2019 el Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, John S. Creamer y el administrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Uttam Dhillon, quienes fueron recibidos personalmente por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y su secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo. A su llegada les presentaron un informe de los avance del estado en materia de seguridad, que incluyó una visita a la sierra en helicóptero.
Según el periodista, en el recorrido, el gobernador le mostró a los funcionarios estadounidenses dos laboratorios de fentanilo que acababan de ser destruidos en un operativo conjunto del estado y el Ejército.
Cuando los estadounidenses vieron el tamaño de los laboratorios, de inmediato se preguntaron quién se encargaba de producir la letal droga y de mayor consumo en estos momentos en la unión americana. Y la respuesta fue que esa parte del Cártel de Sinaloa era manejada por Ovidio.
¿Quién es Ovidio? preguntaron los estadounidenses, y al enterarse de que se trataba de un hijo de “El Chapo” Guzmán, regresaron alarmados a su país y abrieron un expediente que dos semanas después ya tenía una orden de aprehensión y extradición girada por jueces de Estados Unidos.
Las dos peticiones para capturar y extraditar al hijo del capo fueron enviadas al canciller Marcelo Ebrard quien a su vez las envió a la Fiscalía General de la República para que se cumplimentaran.
Pero algo extraño pasó, dice García Soto, porque nunca se les dio trámite y cuando ocurrió “nadie sabe quién dio la orden” de mandar una célula de élite del Ejército mexicano a detener a Ovidio aquel 17 de octubre. Extrañamente, los militares no llevaban las necesarias y obligadas órdenes de aprehensión giradas por un juez mexicano y que debieron pedir en la PGR.
Por todo eso y porque Ovidio Guzmán hoy convertido en leyenda entre los narcos mexicanos, dice el periodista, sigue sin ser detenido y no solo no se cumplen las peticiones oficiales del gobierno de Estados Unidos, sino que además, se pasea tranquilo en bodas y celebraciones familiares; algo que no debe gustar nada en Washington y no sería raro que pronto hubiera un manotazo, uno más, para el gobierno lopezobradorista. Que al fin ya están acostumbrados.