Hacinados, amenazados, en condiciones insalubres y vigilados por marinos y agentes de lo que fue la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Así vivían, algunos con sus familias, 13 testigos colaboradores de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en la casa de Tejocotes 9, de la colonia Bosques de las Lomas, que fueron abandonados a su suerte y algunos, asesinados. El inmueble es uno de los ocho que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habilitó.
Para resguardar a más de 300 declarantes que llegaron a estar inscritos en el programa de testigos colaboradores que implementó la PGR en ese sexenio y en el que se basó para incriminar a capos, funcionarios públicos y policías detenidos en la lucha antinarco y la llamada Operación Limpieza.
Venus, Tiburcio, Paco, Carlos, Conde, Milán, Natalia, Tauro, Tadeo, Angélica, Fernando, Hugo y Zenya —nombres clave— habitaron la referida residencia que perteneció al exjefe del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén, entre 2010 y principios de 2014, donde dicen que hubo violaciones a sus derechos humanos y fabricación de pruebas.
La casa de Canelo, que fue propiedad de Osiel Cárdenas; Osos, del capo Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”; Jardínes de la Montaña, de Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, y “Los Beltrán Leyva”; Estrella, de Amado Carrillo; Lindavista, Santa Úrsula Xitla 107 y Eridano también albergaron a otros testigos.
Ellos sirvieron a “Los Zetas”, el “Cártel del Golfo”, “Familia Michoacana”, “Caballeros Templarios”, “Cártel de Los Arellano Félix” y al “Cártel de Sinaloa” hasta que fueron detenidos y convencidos de colaborar en distintos casos judiciales.
CENTRO NACIONAL DE ARRAIGO, AHORA ABANDONADO
En diferentes momentos los declarantes fueron trasladados del desaparecido Centro Nacional de Arraigo, que se ubicaba en la colonia Doctores de la capital, al inmueble de Tejocotes 9 que ahora está abandonado.
“Venus” ingresó al programa en 2010 y ha testificado contra al menos 400 miembros de la delincuencia organizada, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, y Raúl Lucio Hernández, “Lucky”, este último fundador de “Los Zetas”, recluidos en penales federales; tiene pendiente un careo con “El Z-40”, pese a que ya no forma parte del programa.
Llegó en 2010 a la residencia de Bosques de las Lomas y relata que, aunque el ambiente era monótono porque no había nada qué hacer, los testigos eran víctimas de tortura psicológica: “Fuimos víctimas de tortura psicológica por parte del Ministerio Público, ya que nos amenazaba con que, si no queríamos declarar, nos iban a consignar”, asegura.
El testigo “Conde”, quien estuvo en el centro de arraigo durante 50 días y después fue trasladado a la casa de Tejocotes, señala que a él le tocó descubrir el cuerpo del hijo de “El Rey” Zambada (del “Cártel de Sinaloa”), Jesús Zambada Reyes, cuando se suicidó: “Ese chavo se suicidó porque lo presionaban mucho para declarar, bastante, incluso estuvo jugando baraja antes de ahorcarse”. Zambada Reyes fue testigo colaborador.
‘EL PROGRAMA DE FELIPE CALDERÓN FUE UN FRACASO’
Para “Conde”, el programa de testigos colaboradores del expresidente Felipe Calderón fue un fracaso, porque “no se implementó como debió de haber sido, hubo varios que tuvimos contactos con agentes de la DEA que estaban en México y en dos ocasiones fueron a supervisar para ver cómo vivíamos”.
Y añade: “Había quienes sí tomábamos en serio ser testigos y había otros que les valía gorro. Hay como unos 20 vivos y 15 testigos muertos, además de que hubo gente que estuvo en el programa, se escapó de las casas y por allá los mataron”.
…y Gobierno actual sólo tiene 11 declarantes, pero sin protección
CDMX.- En el sexenio del expresidente Felipe Calderón se implementó el programa de testigos protegidos y la llamada Operación Limpieza, para desarticular a los servidores públicos que fungían como enlaces con los grupos criminales.
En ese tiempo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) llegó a tener más de 300 testigos colaboradores, entre ellos José Conejo Pérez, clave Lucero; Bryant Cabrera Castillo, Zajed; Roberto López Nájera, Jennifer; José Salvador Puga Quintanilla, Pitufo, o Pedro Sergio Jongitud Barragán, Emiliano.
Destaca el testigo Jennifer, que acusó al jefe de la Policía Federal, Javier Herrera Valles; al exsubsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Dauahare, y a un grupo de alcaldes de Michoacán durante el llamado “Michoacanazo”.
Sin embargo, muchos de los casos se le cayeron a la PGR, ya que varios de los testigos, incluido Jennifer, incurrieron en falsedad de declaración. En ese sexenio, la PGR gastó 101 millones de pesos en el programa de testigos.
En la administración de Enrique Peña Nieto se redujo a 84 la lista de testigos colaboradores. Actualmente hay 11 declarantes que siguen acudiendo a diligencias, pese a que algunos ya fueron dados de baja del programa y no cuentan con protección.
