Luego de que Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera fuera declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban el pasado mes de febrero.
El juez federal a cargo de la causa postergó su sentencia para el próximo 17 de julio. Si bien esta decisión fue celebrada por parte de la defensa ya que permitiría el desarrollo de una nueva audiencia, las chances de que el ex líder del Cártel de Sinaloa pueda evitar la cadena perpetua son prácticamente nulas.
«El Chapo» no sólo enfrenta evidencia contundente en su contra, sino también el peso de revalidar el modelo de la «guerra contras las drogas» impulsada por Estados Unidos en la región Latinoamericana. Durante los años noventa, la guerra contra las drogas en América Latina convirtió a Colombia en el tercer destino de ayuda militar norteamericana a nivel mundial, sólo detrás de Israel y Egipto.
La cooperación bilateral en materia de seguridad también se plasmó en el procedimiento jurídico de extradición. Entre 2004 y 2005, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali y máximos exponentes del narcotráfico internacional luego de la muerte de Pablo Escobar en 1993, fueron finalmente extraditados a Estados Unidos para cumplir con una condena de 30 años de prisión en Carolina del Norte y Carolina del Sur respectivamente.
Su extradición representó un triunfo político para el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) y también un símbolo de la «victoria» norteamericana en la guerra contra las drogas.
Las rutas del narcotráfico sufrieron fuertes transformaciones luego de la caída de los cárteles de Cali y Medellín. Con el fortalecimiento del Plan Colombia a inicios del nuevo milenio, las organizaciones criminales mexicanas ocuparon el vacío en la región y ganaron terreno en el mercado de drogas internacional. La respuesta por parte del gobierno de México no fue diferente. La Iniciativa Mérida no sólo consolidó la militarización de la política antinarcóticos mexicana y fortaleció la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, sino que también posibilitó la extradición de criminales reconocidos como Osiel Cárdenas Guillén (El Golfo), Benjamín Arellano Félix (Tijuana) y Édgar «La Barbie» Valdez Villareal (Los Beltrán Leyva).
Si bien el ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) mostró signos de resistencia al final de su mandato, «El Chapo» siguió la misma suerte de muchos de sus adversarios en México y fue finalmente extraditado a Estados Unidos en enero del 2017. En lo que fue denominado como el «juicio del siglo,» el ex líder del cártel de Sinaloa fue encontrado culpable de diez cargos penales vinculados al narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Pero la sentencia prevista para el 25 de junio deberá esperar.
El juez federal Brian Cogan dio lugar a la solicitud de aplazamiento propuesta por la defensa debido a un supuesto «mal comportamiento del jurado.» De acuerdo a los representantes legales del Chapo, al menos cinco miembros del jurado tuvieron acceso a reportes de la prensa y redes sociales durante el transcurso del proceso judicial; hecho que podría haber influenciado el veredicto, según manifestaron públicamente. El magistrado a cargo del juicio en Brooklyn, por su parte, no brindó mayores detalles acerca de su decisión y sólo mencionó la existencia de evidencia «voluminosa» en contra del máximo capo narco mexicano.
La perspectiva judicial para la defensa del Chapo es sumamente adversa. El aplazamiento de la sentencia podría ser sólo una garantía para que el juez federal Brian Cogan logre evitar cualquier tipo de sorpresa frente a una eventual corte de apelación en Manhattan de cara al futuro. La experiencia latinoamericana indica que el componente judicial ha sido determinante para el desarrollo efectivo de la guerra contra las drogas en la región. Ante la ausencia de resultados favorables a largo plazo y en medio de fuertes cuestionamientos a nivel internacional, la extradición y posterior cadena perpetua de uno de los máximos exponentes del crimen organizado transnacional podría significar un nuevo impulso para la política antinarcóticos norteamericana.