Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), con fecha del 24 de abril de 2025, ha documentado el crudo sistema de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de testimonios de sobrevivientes y testigos protegidos, el informe describe cómo la organización criminal utiliza falsas ofertas de empleo para atraer a jóvenes, quienes posteriormente son trasladados a centros de entrenamiento como el Rancho Izaguirre, en Jalisco, donde la gran mayoría es ejecutada por no superar las pruebas físicas y tácticas impuestas por los instructores.
El proceso de captación comienza habitualmente en la Central de Autobuses de Guadalajara, donde los reclutas son citados bajo el engaño de trabajar como jornaleros. Una vez que abordan los vehículos de traslado —en ocasiones disfrazados con logotipos de instituciones públicas como la Secretaría de Salud—, se les confiscan sus teléfonos y pertenencias.
De acuerdo con el testimonio de un testigo identificado como «El Elegante», es en este punto donde se les informa que su verdadera función será servir como sicarios para la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».
Dentro de los campos de adiestramiento, conocidos internamente como «La Escuelita», los jóvenes son sometidos a un régimen de evaluación extremo que incluye manejo de armamento y ejercicios de combate.
Las declaraciones ministeriales de NMGR, uno de los sobrevivientes, revelan una tasa de mortalidad aterradora: cerca del 80% de los reclutados no sobrevive al proceso. Según su relato, de grupos de 50 personas enviadas a entrenar, solo aproximadamente 10 lograban «graduarse», mientras que el resto eran asesinados por los instructores al no cumplir con los estándares exigidos.
La investigación señala como responsable directo de estos centros a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, apodado «El Sapo» o «El 090», quien ha sido identificado como una figura central en la estructura del CJNG y posible sucesor del mando principal tras la caída del «Mencho».
Los testimonios coinciden en que haber visto el rostro de Mendoza Gaytán sentenciaba a los reclutas a la permanencia forzada, pues el abandono de los campamentos se castigaba con la muerte. Aquellos que lograban sobrevivir al adiestramiento eran enviados a frentes de guerra en las zonas limítrofes con Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes.
El informe federal concluye que instalaciones como el Rancho Izaguirre funcionan no solo como academias delictivas, sino como sitios de exterminio sistemático. Esta evidencia ministerial respalda las denuncias previas de colectivos y activistas, quienes habían señalado estos puntos como escenarios de desaparición masiva.
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Actualmente, las autoridades continúan integrando estos testimonios para desmantelar la red de intermediarios que operan en zonas urbanas y asegurar los predios rurales utilizados por el cártel para estas prácticas inhumanas.