Balaceras, asesinatos y secuestros. Lejos de los problemas económicos o sindicales, la principal amenaza para la Cuenca de Burgos son los cárteles del Golfo y Zeta.
Que desde 2010 libran una guerra por el control de las rutas del narcotráfico y tráfico de personas de la zona en el noroeste mexicano. Esta zona de esquisto es la continuación de Eagle Ford, la segunda región petrolera más grande de Estados Unidos. El temor por la violencia narco redujo el atractivo del área para las empresas extranjeras que le solicitan al Estado mexicano acciones más sólidas para garantizar la seguridad de su trabajo.
Según informa Reuters, el conflicto incluso podría llegar a hacer peligrar la licitación de nueve bloques de hidrocarburos no convencionales planeada para febrero. Hasta el momento, solo la estatal Pemex ha llevado a cabo intentos por explotar el shale, mientras que la española Repsol abandonó la región ubicada en el estado de Tamaulipas en 2014.
Los trabajadores que se desempeñaban en la cuenca sufrieron desde robos hasta secuestros e incluso más de un asesinato. Entre 2010 y 2014, dos empleados de Pemex murieron en Burgos, en tanto que 16 de ellos fueron secuestrados por las pandillas de los cárteles. También se reportó el crimen de un gerente de la empresa de servicios petroleros suiza Weatherford International. Este año, un grupo comando disparó más de 60 veces contra un vehículo que transportaba a empleados de seguridad de Pemex.
“Esto es lo que nos hizo irnos”, afirmó un ejecutivo de Repsol consultado por Reuters. La firma obtuvo un contrato para explotar la cuenca en 2003 e invirtió u$s 170 millones, pero hace cuatro años decidió devolverle las instalaciones a Pemex. El conflicto comenzó cuando el expresidente mexicano Felipe Calderón emprendió una ofensiva contra los narcos de la zona.
Según datos de la Administración de Información de Energía, la Cuenca de Burgos contiene alrededor de dos tercios de las reservas de esquisto recuperables del país – aproximadamente 545 billones de pies cúbicos de gas y 13.100 millones de barriles de petróleo -. Para llevar tranquilidad a los potenciales inversores, el Gobierno mexicano realizó en marzo una conferencia en Tamaulipas para promover la subasta de febrero próximo. Sin embargo, se reportaron fuertes balaceras en la ciudad, previo a la inauguración del foro, y panelistas del evento confirmaron que el Estado les pidió que no hagan mención del grado de violencia que se vive en la región.
Las empresas que actualmente trabajan del lado estadounidense de la frontera no confían en cruzar al lado mexicano. “La seguridad de nuestros trabajadores en México sería una preocupación masiva”, señaló Chris Wright, director general de Liberty Oilfield Services. Por su parte, las firmas que consiguieron contratos para explotar la cuenca optaron por tomar varios recaudos para intentar trabajar en paz. Por ejemplo, Newspek y el consorcio formado por Jaguar Exploración y Producción y Sun God Resources establecieron un protocolo para resguardar a sus empleados en interiores.
La caída en la producción de gas natural en México aumentó la necesidad de importarlo – hoy representa un 84% del consumo nacional -, lo que transformó en casi urgente la realización de la licitación de febrero para revertir la situación.