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Presión de EU para detener a “Cuinis” y CJNG

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Apenas lo liberaron, previo a la última Navidad, y a las pocas semanas le dictaron orden de aprehensión. Ya les había ganado el camino y es hora que no lo pueden recapturar.

Presión de EU para detener a “Cuinis” y CJNG

Se trata de Elvis González Valencia, uno de los miembros de la familia de “Los Cuinis”, sobre quienes el gobierno norteamericano ha incrementado la presión para detenerles, Con las recientes designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense, el apremio para poner tras las rejas a los participantes de los grupos criminales que conforman el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han obligado a nuevas acciones de autoridades mexicanas y a buscar protección jurídica por parte de traficantes, lavadores de dinero y prestanombres.

Durante los últimos dos años, la Procuraduría General de la República (PGR),a través de sus unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha efectuado cateos y materializado aseguramiento de inmuebles vinculados con la organización delictiva, pero no ha detenido a los integrantes empoderados ni a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Los más recientes familiares políticos o directos del michoacano son Rubén Oseguera González “El Menchito”, que continuamente entra y sale de prisión, y Abigael González Valencia “El Cuini”, ambos aprehendidos en 2015. Mientras que en 2016, la Policía Nacional del Uruguay detuvo en Punta del Este a Gerardo González Valencia “El Lalo”.

Los nombres de las tres personas que la OFAC agregó el 14 de septiembre último a las listas de cabecillas del narcotráfico y/o lavadores de dinero sucio: Alfonso Corona Romero, su hijo Edgar Alfonso Corona Robles y Salime Abouzaid El Bayeh, están relacionados no solo con Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio, sino con la cuñada del capo, Berenice González Valencia, a quien la Policía Federal busca con motivo de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/076/2015, integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA).

Tan luego se conoció de las nominaciones del gobierno estadounidense, representantes legales de los implicados acudieron ante la justicia federal para solicitar su protección. Alfonso Corona padre y su vástago presentaron escritos para demandar el amparo de jueces federales en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Ambos temen ser aprehendidos.

Elvis, caso cotidiano

La detención, enjuiciamiento y exoneración de algún presunto delincuente, premiado con la libertad y la supuesta enmienda del Ministerio Público Federal de volver a solicitar su captura cuando ya se les escapó, no es novedosa, sino más bien reiterada. Eso mismo ocurrió con Elvis González Valencia, presunto operador financiero de “Los Cuinis” y del CJNG.

Fue pública la noticia de la captura de Elvis. El sábado 4 de diciembre de 2015 fue presentado de urgencia en un hospital privado de Guadalajara, herido de bala en un hombro y antebrazo. Según su versión, fue agredido a balazos en el municipio de San Miguel el Alto cuando detuvo su vehículo sobre una carretera para desahogar una necesidad fisiológica. Por ser cuñado del “Mencho”, la SEIDO lo trasladó a Ciudad de México y lo arraigó. En Jalisco, la Fiscalía General aseguró que González Valencia estaba señalado en tres averiguaciones previas por delitos del fuero común como daño en las cosas y extorsión.

Luego de cumplir con el arraigo, la PGR lo consignó sigilosamente ante un juez federal y lo internó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México. Nunca se informó del delito imputado ni se le volvió a mencionar. ZETA conoció de su presencia en el penal de máxima seguridad, en Almoloya de Juárez, por sus juicios de amparo por la falta de atención médica derivada del balazo recibido y problemas de salud que pedían la asistencia de un otorrinolaringólogo.

Del seguimiento realizado por este Semanario, un año después trascendió que el 15 de diciembre de 2016, Elvis solicitó nuevos amparos por la carencia de servicios especializados de salud, mas cuando trataron de notificarle la admisión de los recursos para pedirle la ratificación de los escritos, los directivos del reclusorio federal informaron a los jueces que “el quejoso fue egresado de dicho centro penitenciario” en la misma fecha de la promoción de garantías.

Muy hábil, González Valencia, que ya sabía de su inminente excarcelación, había presentado otro escrito en el que reclamaba la posibilidad de que a su salida de prisión la autoridad ministerial pudiese ejecutar actos de “retención ilegal, golpearlo, torturarlo, incomunicación o cualquier otro que constituya desaparición forzada”. Nadie le molestó y pudo irse a casa. Los jueces buscaron, en vano, algún domicilio externo para notificarle los acuerdos de sus recursos. La PGR no reaccionó en lo inmediato.

Fue hasta iniciado el año en curso, cuando el Ministerio Público federal ejercitó nuevamente acción penal en contra de Elvis, uno de los menores de “Los Cuinis”. En el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Puente Grande, Jalisco, se obtuvo la orden de aprehensión que actualmente pesa en contra del antes exonerado, dentro de la causa penal 6/2017. De los asuntos locales pendientes en Jalisco, la Fiscalía General no se pronunció ni durante el encierro del hoy prófugo, ni después.

Los socios de Berenice

El 28 de febrero de 2015, agentes federales del grupo especial del Gabinete de Seguridad atraparon en Puerto Vallarta, al único “Cuini” detenido hasta el momento en prisiones mexicanas, y próximo a ser extraditado a Estados Unidos: Abigael González Valencia, presunto empresario que también se hacía llamar Paul Jonathan Tak Toledo alias “El Cuini” o “Cachetón”. Con él cayeron también Gilberto Mendoza González o Nicolás Murillo Alfaro “El Tapanco”; Óscar Betancourt Bermúdez, Miguel José Leone Martínez y Laura Alexandra Sánchez Ruiz. Los refundieron en la cárcel acusados por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína en su hipótesis de fines de venta, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada, al estimar que pertenecen al CJNG.

Durante las investigaciones, además de corroborar lo que PGR ya sabía del parentesco político de Abigael con “El Mencho”, por estar casado este último con Rosalinda González Valencia, hermana del primero, que otros miembros de esa numerosa familia estaban implicados en el financiamiento de actividades de narcotráfico y lavado de dinero para la organización criminal, cuyo inicio ocurrió tras una escisión en el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Milenio, luego de la muerte del capo Ignacio “Nacho” Coronel en julio de 2010.

Durante 2015 y 2016, autoridades federales se dedicaron a ubicar a diversos integrantes de la familia González Valencia, sobre todo de Berenice, una de las menos mencionadas. Así se encontraron nexos de la mujer y su sobrina Jessica Johana con Salime Abouzaid El Bayeh, una joven tapatía de ascendencia libanesa y cuya familia ahora padece del aseguramiento de varios de sus bienes muebles e inmuebles, presuntamente ligados al CJNG.

Salime, de la que antes solo se conocía su existencia en litigios en materia familiar por un divorcio en 2008 y las secuelas de esa sentencia, trabajó para el restaurante japonés Mizu Sushi Lounge, que administraba la hija de “El Mencho”, y también desempeñó un papel en el periódico Unomasuno, designado el 16 de diciembre de 2015 por el Departamento del Tesoro por el supuesto apoyo que brindaba al grupo criminal. Presuntamente la mujer era más que una empleada.

En sus pesquisas, la UEITA aseguró casas y vehículos propiedad de los hermanos de Abouzaid El Bayeh y otros de sus parientes, conocidos en Guadalajara por tener un lugar relevante en la sociedad como comerciantes y empresarios, al estimar que existían indicios de que los bienes son producto del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Así, la PGR decretó aseguramiento precautorio de una residencia ubicada en la calle Unidad Nacional número 1275, en la colonia Conjunto Patria, en Zapopan. Un juez especializado en cateos de Ciudad de México autorizó la irrupción en la vivienda al estimar fundada la petición ministerial, que señala que Berenice González Valencia, hermana de Abigael, “cumple con una función de operadora financiera, utilizando el referido inmueble a fin de consumar actividades delictivas de carácter federal”. El dueño del inmueble desconoce a la presunta delincuente y busca acreditar que el inmueble le fue donado por sus padres hace varios años.

El Ministerio Público federal aseguró que algunos de los vecinos del lugar dijeron que era un secreto a voces que en ese lugar “se guardaban armas y droga y las autoridades no hacían nada”. Resultado del cateo se localizó una enorme caja fuerte (1.80 metros de altura x 1.10 metros de ancho o fondo), con documentos varios; un tocador en el que había dos armas de fuego calibres 38 súper y nueve milímetros; así como dos cargadores y una bolsa con cartuchos; y en la cochera dos camionetas y un automóvil sedán.

En otras residencias de la familia de Salime, luego de realizar “una búsqueda minuciosa en todas las áreas, se hace constar que no se localizó objeto, instrumento o producto de los delitos que se investigan”, pero igualmente, el fiscal federal decretó su aseguramiento. Incluso, la casa de una mujer de segundo apellido Valencia, que no tiene calidad de inculpada y que se localiza en el número 980 de la calle Paseo de los Virreyes, condominio 7, interior 2 en la colonia Virreyes Residencial, en Zapopan, también fue inmovilizada.

La defensa legal

Familiares de Salime, entre ellos algunos hermanos, ya acudieron ante jueces federales de amparo en Jalisco, obteniendo varios de ellos el otorgamiento de garantías para que el fiscal investigador exprese detalladamente los indicios existentes de que sus bienes son producto o instrumento de delito, y sí estos son suficientes para privarles de su uso y aprovechamiento, en tanto avanzan las investigaciones.

Por su parte, Rosalinda González Valencia y Jessica Johanna Oseguera, esposa e hija de “El Mencho”, líder del CJNG, han buscado asiduamente el amparo tanto en Jalisco como en Ciudad de México, en contra de alguna posible orden de aprehensión en su contra, pero las autoridades responsables han contestado en todas las ocasiones que no existe dicho acto reclamado.

Alfonso Corona Romero y su hijo Edgar Alfonso Corona Robles también corrieron en busca de la protección constitucional al enterarse de la nominación de la OFAC y temer alguna orden de captura que se les hubiese dictado en México. Sus demandas fueron admitidas en el Juzgado Tercero de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, donde ya se realizan los trámites de rigor.

A quien le fue negado un amparo en contra del aseguramiento de sus bienes es Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, esposa de Gerardo González Valencia “El Lalo”, detenido en Uruguay, donde ambos, junto con sus hijos, pretendían hacer una vida alejada de la vigilancia policial en un lujoso chalet.
Presión de EU para detener a “Cuinis” y CJNG

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